La incertidumbre sobre el futuro de la planta de SABIC en La Aljorra ha llevado a administraciones y trabajadores a reforzar la coordinación para intentar minimizar el impacto laboral que podría derivarse del proceso de reestructuración previsto tras la llegada del fondo alemán Mutares. El Palacio Consistorial de Cartagena ha acogido una nueva reunión de la Mesa Laboral de seguimiento de la empresa, en la que han participado la alcaldesa, Noelia Arroyo, representantes del Gobierno regional y miembros del Comité de Empresa.
El encuentro se produce a pocas semanas de que Mutares asuma el control de la factoría, una operación prevista para la primera semana de julio y que mantiene en vilo a cientos de trabajadores. Durante la reunión se analizaron las posibles consecuencias laborales, industriales y medioambientales del proceso, así como las herramientas disponibles para afrontar un escenario que podría desembocar en importantes pérdidas de empleo.
La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, aseguró que las administraciones mantendrán una colaboración permanente con el Comité de Empresa para anticiparse a cualquier situación que pueda producirse durante los próximos meses. En este sentido, explicó que ya se están estudiando fórmulas de reconversión profesional y programas de formación destinados a facilitar nuevas oportunidades laborales a los trabajadores que puedan verse afectados.
Arroyo también anunció que el Ayuntamiento solicitará una reunión formal con Mutares tan pronto como el fondo se haga cargo de la planta, con el objetivo de conocer de primera mano sus planes para las instalaciones de La Aljorra. Asimismo, destacó que el informe técnico elaborado por los representantes de los trabajadores servirá para respaldar futuras solicitudes de ayudas europeas y programas de apoyo tanto nacionales como comunitarios.
Por su parte, el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, confirmó que la Comunidad Autónoma pedirá al Gobierno de España la activación de fondos europeos vinculados a la globalización y la transición industrial. Estas líneas de financiación estarían destinadas especialmente a colectivos con mayores dificultades para reincorporarse al mercado laboral, como trabajadores mayores de 50 años y mujeres desempleadas.
La preocupación del Comité de Empresa sigue centrada en el posible alcance de los despidos. Su presidente, Pascual Sánchez, advirtió de que entre 300 y 350 trabajadores podrían verse afectados durante los meses de agosto y septiembre. Además, reclamó a la futura dirección de la compañía que actúe con responsabilidad social durante cualquier negociación relacionada con posibles expedientes de regulación de empleo.
Los representantes sindicales consideran que la experiencia de la plantilla será fundamental durante las fases previas a cualquier desmantelamiento de la instalación. Según explicaron, los trabajos de limpieza química y acondicionamiento son imprescindibles antes de iniciar cualquier proceso de desmontaje mecánico o reutilización de materiales, por lo que consideran esencial contar con el conocimiento de los actuales empleados.
El comité también ha anunciado que solicitará una reunión inmediata con Mutares España a partir del 1 de julio para obtener información directa sobre el futuro de la planta y poner fin a varios meses de incertidumbre. En caso de que no existan garantías suficientes para el mantenimiento del empleo, los sindicatos no descartan iniciar movilizaciones progresivas que podrían llegar a afectar a la actividad de las instalaciones.
En el ámbito medioambiental, el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, recordó que el eventual desmantelamiento de una planta química de estas características implica una elevada complejidad técnica y la existencia de posibles pasivos ambientales. Por ello, insistió en la necesidad de que cualquier actuación se desarrolle con la participación de profesionales especializados y bajo una estricta supervisión administrativa.
La Comunidad Autónoma ha reiterado que vigilará el cumplimiento de toda la normativa vigente y que exigirá que cualquier intervención en la factoría se realice con las máximas garantías de seguridad, protección ambiental y respeto a los procedimientos establecidos por la legislación. Mientras tanto, trabajadores y administraciones continúan preparando una estrategia conjunta para afrontar uno de los procesos industriales más delicados que ha vivido Cartagena en los últimos años.
