Ha muerto el hombre de 56 años que sufrió graves quemaduras este viernes frente a los juzgados de Cartagena y fue trasladado a la Unidad de Quemados de la Arrixaca. Detrás de esta noticia hay una vida perdida y personas que tendrán que convivir con su ausencia. Merecen respeto, sin especulaciones sobre los motivos ni convertir su sufrimiento en un espectáculo.
Pero el respeto también permite hacer preguntas. ¿Habría cambiado algo si Cartagena hubiese contado con una unidad de quemados? Quizá sí. Quizá no. No conocemos los datos clínicos necesarios para responder y sería irresponsable asegurar que este hombre habría sobrevivido. Tampoco hay base para atribuir su muerte al traslado. Esa incertidumbre, sin embargo, no puede servir para cerrar cualquier debate sobre los recursos sanitarios que necesita esta comarca.
Porque una cosa es no poder determinar qué habría ocurrido en un caso concreto y otra aceptar que nunca toca hablar de lo que falta. Cuando sucede una tragedia, se pide prudencia. Cuando pasa, desaparece la urgencia. Y así resulta muy cómodo dejar las mismas preguntas sin respuesta durante años.
Quizá sea más importante tener una televisión autonómica. Y una radio autonómica. Quizá resulte más sencillo defender el dinero destinado a contar lo bien que funciona una autonomía que explicar a sus ciudadanos por qué deben salir de su comarca para recibir determinados tratamientos. Una televisión pública puede tener su función. Lo que merece discusión es el orden de las prioridades cuando se distribuye el presupuesto.
Desde un despacho, un traslado puede parecer una línea entre dos hospitales. Para una familia que sigue a una ambulancia, esa línea tiene otra dimensión. Tiene miedo, incertidumbre y una pregunta que no entiende de competencias administrativas: ¿por qué no podemos tener esa atención más cerca?
El Campo de Cartagena alberga una refinería y un complejo industrial cuya importancia se recuerda cada vez que toca hablar de producción, inversiones y riqueza. Cabe exigir que esa realidad también pese cuando se planifica la asistencia sanitaria. Que se evalúen sus riesgos, su población y sus necesidades con el mismo interés con el que se celebran sus cifras económicas.
Si esta comarca cuenta para producir, debe contar para recibir inversiones que protejan a quienes viven y trabajan en ella. La presencia industrial merece una respuesta sanitaria estudiada, suficiente y explicada públicamente. Si el Gobierno autonómico considera que una unidad de quemados en Cartagena no está justificada, debe explicar con qué criterios lo concluye y qué recursos garantizan la mejor atención posible.
Concentrar servicios especializados puede tener razones clínicas. Precisamente por eso hacen falta explicaciones rigurosas, datos y transparencia. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué se puede atender aquí, qué exige un traslado y por qué. También tiene derecho a cuestionar un modelo que, desde esta parte del territorio, se percibe demasiado a menudo como una carretera hacia la ciudad de siempre.
Qué extraña resulta una autonomía cuando cuesta sentirse parte de sus prioridades. Cuando la pertenencia se proclama en los discursos, pero la cercanía de los servicios sigue siendo una reivindicación. Cuando pedir más medios para Cartagena parece necesitar siempre una justificación extraordinaria.
No sabemos si una unidad de quemados aquí habría cambiado este desenlace. No debemos utilizar esa duda como una certeza contra nadie. Pero tampoco debemos permitir que la falta de una respuesta sobre esta muerte se convierta en una excusa para no responder sobre nuestra sanidad.
Una vida merece toda la prudencia al contar su final. La salud de una comarca merece toda la exigencia al decidir su futuro.
