La Junta de Gobierno Local de Cartagena ha dado luz verde a una batería de acuerdos que abarcan desde la gestión de grandes infraestructuras culturales hasta el urbanismo, el comercio ambulante, la seguridad vial y la protección del medio ambiente. Entre las decisiones más destacadas figura la prórroga durante cinco años del contrato de gestión del Auditorio y Palacio de Congresos El Batel, una operación que supondrá una aportación municipal de 10.733.367,20 euros hasta noviembre de 2031.
El acuerdo permitirá que la UTE Gestípolis GH–Sonora Producciones continúe al frente de uno de los principales espacios culturales y congresuales de Cartagena desde el próximo 16 de noviembre de 2026 hasta el 15 de noviembre de 2031. La empresa gestiona estas instalaciones desde 2011, cuando se adjudicó un contrato de quince años que contemplaba la posibilidad de ampliarlo durante otro quinquenio.
La continuidad de la concesionaria no implicará una modificación de la aportación municipal anual, que se mantiene en 2.146.673,44 euros, abonados por semestres vencidos. Una cifra que, multiplicada por los cinco años de prórroga, supera los diez millones de euros y pone de manifiesto la dimensión económica que representa para las arcas municipales el funcionamiento de esta infraestructura.
No obstante, esta aportación debe contemplarse junto al alquiler que la empresa abona al Ayuntamiento por la utilización del edificio, establecido en 660.894,17 euros semestrales durante 2026, cantidad que se actualizará conforme al IPC. Ambas obligaciones económicas se compensarán, de manera que la aportación municipal no debe confundirse con el coste neto final de la gestión.
La decisión llega después de que la dirección económica del contrato haya examinado las cuentas auditadas correspondientes al periodo comprendido entre 2021 y 2025, además de los resultados del primer semestre de 2026. Este análisis responde a lo establecido en los pliegos originales, que obligan a revisar las condiciones económicas de cada quinquenio tomando como referencia la gestión realizada durante los años anteriores.
Mientras El Batel asegura la continuidad de su modelo de gestión, Cabo de Palos afronta una nueva modificación de su planificación urbanística. La Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente la modificación número 3 del plan parcial del sector CP2, promovida por la mercantil Consprocom S.L., con el objetivo de adaptar la ordenación de determinados terrenos a la configuración actual de las infraestructuras viarias y los espacios libres.
La modificación afecta especialmente a la unidad de actuación 2, que deberá ajustarse a la rotonda de la RM-12 y a la nueva ubicación del sistema general de espacios libres. La propuesta contempla la agrupación de tres parcelas en una sola, el desplazamiento de un vial hacia el este y la reorganización de las zonas de aparcamiento entre las unidades 2 y 4, donde también se proyecta una nueva rotonda.
El Ayuntamiento subraya que estos cambios no supondrán un incremento de la edificabilidad, una circunstancia relevante en un entorno especialmente sensible desde el punto de vista urbanístico y medioambiental.
El expediente, iniciado en 2021, permanecía suspendido desde mayo de 2022 como consecuencia de la aplicación de la normativa de protección del Mar Menor. Su tramitación ha podido retomarse después de que el informe ambiental estratégico emitido en diciembre de 2025 concluyera que la modificación no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente.
La aprobación inicial abre ahora un periodo de información pública de un mes, durante el cual podrán presentarse alegaciones. El anuncio se publicará en el Boletín Oficial de la Región y los propietarios afectados recibirán una notificación individual.
El comercio tradicional también encuentra su espacio entre los acuerdos municipales. La Junta ha aprobado las bases de «Mercadillos de Cartagena, tu compra tiene premio», una campaña destinada a incentivar las compras en los mercados semanales de venta ambulante y que se desarrollará entre el 16 de noviembre de 2026 y el 7 de enero de 2027.
La iniciativa llegará a catorce mercadillos del municipio: Barrio Peral, Los Belones, El Albujón, Ribera de San Javier, La Palma, La Aljorra, Los Dolores, Urbanización Mediterráneo, Pozo Estrecho, El Llano del Beal, El Algar, Los Urrutias, Barriada San Cristóbal y Cabo de Palos.
Por cada compra igual o superior a diez euros, los vendedores entregarán una papeleta para participar en el sorteo, con un máximo de 60.000 participaciones. A partir del 15 de enero de 2027 se celebrará un sorteo público en el que se repartirán doce premios consistentes en abonos, entradas y menús degustación, conforme a las condiciones establecidas en las bases.
Con esta propuesta se pretende dar un nuevo impulso a una actividad comercial que sigue formando parte de la vida cotidiana de numerosos barrios y diputaciones, especialmente en unas fechas en las que las compras navideñas pueden convertirse en un estímulo para los pequeños comerciantes.
En materia de infraestructuras, el Gobierno municipal ha aprobado una adenda al convenio suscrito con la Consejería de Fomento e Infraestructuras para mejorar la seguridad del puente de La Isleta. Las actuaciones cuentan con una subvención regional de hasta 200.000 euros, cuyo importe permanecerá inalterado.
Lo que sí cambia es el calendario. El plazo de ejecución, justificación y vigencia del convenio, inicialmente fijado hasta el 31 de diciembre de 2026, se amplía ahora hasta el 1 de diciembre de 2028. La razón es la necesidad de obtener una autorización de la Administración del Estado antes de poder desarrollar las obras previstas.
La decisión permitirá disponer de un margen temporal más amplio para completar los trámites administrativos y ejecutar unas actuaciones destinadas a mejorar la seguridad de esta infraestructura.
La tecnología espacial y la adaptación al cambio climático constituyen otro de los capítulos destacados de la reunión. El Ayuntamiento ha incorporado a su presupuesto 338.125 euros procedentes de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial, destinados al desarrollo del proyecto europeo H-TRUST.
Cartagena ejercerá como socio coordinador de esta iniciativa, seleccionada dentro de la convocatoria Horizon EUSPA 2026, que pretende desarrollar servicios de inteligencia relacionados con el estrés térmico mediante la utilización de datos espaciales.
El objetivo es avanzar hacia ciudades mejor preparadas para afrontar los efectos del calor y las condiciones climáticas extremas, utilizando información tecnológica que facilite la planificación y la toma de decisiones. Los fondos europeos financiarán personal técnico, estudios especializados, servicios externos y la adquisición de material necesario para el desarrollo del proyecto.
En esta misma línea de actuación ambiental, la Junta de Gobierno ha acordado iniciar el procedimiento para elaborar una Ordenanza Municipal de Calidad del Aire, Protección de la Atmósfera y Salud Ambiental.
La futura normativa regulará las actividades e instalaciones que puedan generar emisiones contaminantes, incluidos los focos fijos de combustión y otras fuentes de humos, polvo, vapores y olores. Se trata de establecer un marco municipal que permita abordar estas emisiones y sus posibles efectos sobre la calidad del aire y la salud de los ciudadanos.
Antes de comenzar la redacción de la ordenanza, el Ayuntamiento abrirá una consulta pública previa durante quince días hábiles a través de su página web, con el propósito de recoger opiniones y aportaciones que puedan incorporarse al proceso de elaboración.
Finalmente, la Junta ha autorizado una actuación que, aunque menos visible para los ciudadanos, permitirá liberar una importante cantidad de espacio en las dependencias municipales. Se trata de la eliminación de expedientes sancionadores de tráfico, circulación y seguridad vial correspondientes al periodo comprendido entre 2003 y 2019.
La documentación ocupa actualmente cerca de 800 cajas almacenadas en el sótano del Parque de Seguridad, una acumulación de expedientes que será objeto de destrucción documental después de contar con el aval de la Comisión Calificadora de Documentos.
El procedimiento tendrá un coste de 4.224 euros y contempla la conservación de un expediente por cada año como muestra documental, de acuerdo con los criterios establecidos para este tipo de actuaciones.
De esta forma, la Junta de Gobierno Local cierra una sesión en la que las grandes cifras de la gestión cultural conviven con decisiones de alcance muy diferente: desde la ordenación urbanística de Cabo de Palos hasta la modernización tecnológica, el impulso de los mercadillos o la retirada de toneladas de documentación administrativa acumulada durante años.
Una relación de acuerdos que refleja la diversidad de asuntos que pasan por la administración municipal y que tendrán efectos sobre la actividad económica, los servicios públicos y la vida cotidiana de Cartagena y sus diputaciones durante los próximos años.
