Un nuevo acto de vandalismo contra las bicicletas eléctricas municipales ha provocado indignación en Cartagena. Un vídeo difundido en las últimas horas muestra a un hombre lanzando una de estas bicicletas directamente al mar en pleno puerto de Cartagena, una acción que ha generado numerosas críticas por el daño causado a un servicio público utilizado a diario por vecinos y visitantes.
Las imágenes muestran cómo el individuo se aproxima con la bicicleta hasta el borde del muelle y, acto seguido, la arroja al agua. Una acción de apenas unos segundos que vuelve a poner sobre la mesa el problema del vandalismo que están sufriendo estos vehículos desde su implantación.
Lo ocurrido en el puerto no sería, además, un hecho aislado. Vecinos de diferentes puntos del municipio llevan tiempo alertando de bicicletas abandonadas, desplazadas de los lugares habilitados o directamente arrojadas en zonas donde pueden convertirse en un peligro para otras personas.
Uno de los episodios más preocupantes se produjo recientemente en La Manga, donde una bicicleta apareció durante la noche tirada en mitad de la calzada de la Gran Vía, a la altura de la curva de Monteblanco. La ubicación hacía especialmente peligrosa la situación debido a la escasa visibilidad existente en ese punto y a la velocidad con la que pueden aproximarse los vehículos.
Fue un vecino quien se encontró con la bicicleta y decidió retirarla de la carretera y dejarla en el arcén. Su intervención evitó que permaneciera en mitad de la circulación, donde podría haber provocado un accidente de graves consecuencias. En una curva con poca visibilidad, especialmente durante la noche, un conductor puede encontrarse con un obstáculo prácticamente sin tiempo para reaccionar.
El vídeo grabado ahora en el puerto ha vuelto a despertar el debate sobre cómo frenar los actos vandálicos contra las bicicletas municipales y sobre la necesidad de identificar y sancionar a quienes dañan un patrimonio que pertenece al conjunto de los ciudadanos.
Entre las medidas que reclaman algunos vecinos se encuentran una mayor vigilancia, el uso de cámaras cuando sea legalmente posible, sanciones contundentes y una mayor colaboración ciudadana para comunicar rápidamente cualquier comportamiento de este tipo a las autoridades.
Más allá del coste económico que supone recuperar o sustituir una bicicleta dañada, determinadas acciones pueden acabar convirtiéndose en un problema de seguridad pública. Dejar una bicicleta en mitad de una carretera, especialmente en una zona de escasa visibilidad, no es únicamente una gamberrada: puede poner en peligro a conductores, motoristas y demás usuarios de la vía.
La indignación provocada por las imágenes del puerto vuelve así a dejar una pregunta sobre la mesa: ¿hasta cuándo tendrá que soportar Cartagena este tipo de comportamientos contra un servicio público pensado para todos?
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