En Cartagena hay algo que funciona con una puntualidad extraordinaria: la llegada de las promesas electorales. Puede fallar el tren, puede retrasarse una infraestructura, puede pasar una década sin que se coloque la primera piedra de un edificio anunciado, pero cuando se acercan las elecciones, el futuro vuelve a presentarse ante los cartageneros con una sonrisa, una carpeta llena de proyectos y la firme convicción de que esta vez sí.
Y lo verdaderamente sorprendente es que muchas veces ese futuro se parece sospechosamente al que nos prometieron hace veinte años.
Basta con mirar hacia atrás para descubrir que Cartagena lleva décadas viviendo entre anuncios de inversiones, proyectos estratégicos, acuerdos institucionales y declaraciones solemnes. La ciudad parece encontrarse permanentemente a las puertas de una transformación histórica que, por alguna razón, siempre necesita un poquito más de tiempo.
Ya en los años noventa se hablaba de revitalización económica, mejora de las comunicaciones y grandes actuaciones destinadas a recuperar el protagonismo de Cartagena y su comarca. El Plan Especial previsto para el periodo 1994-1999 debía contribuir a ese objetivo. Sin embargo, en octubre de 2000, una intervención en el Senado ya advertía de que numerosas inversiones contempladas en aquellos planes no habían llegado a ejecutarse.
Es decir, el problema de las promesas pendientes no nació ayer. Ni siquiera anteayer.
Uno de los ejemplos más evidentes es el ferrocarril. Cartagena lleva tantos años esperando determinadas mejoras ferroviarias que el AVE ha pasado de representar el futuro a convertirse en uno de los grandes clásicos de la política local.
En 2014 ya se denunciaba públicamente que la llegada de la alta velocidad era una promesa repetida desde hacía aproximadamente veinte años. Cinco años después, en febrero de 2019, las administraciones alcanzaban un acuerdo calificado de histórico para la integración ferroviaria de Cartagena.
Histórico. Una palabra que en esta ciudad debería utilizarse con cierta moderación, porque tenemos tantos acuerdos históricos que cualquier día necesitaremos un museo para guardarlos.
Aquel acuerdo incluía el soterramiento ferroviario, la integración de las vías y la conexión con las futuras infraestructuras logísticas. También se aseguró que el tren de alta velocidad llegaría en 2023.
Estamos en noviembre de 2026.
Y aquella fecha ya pertenece a la historia de los calendarios incumplidos.
Pero el ferrocarril no viaja solo en este interminable recorrido de promesas. También encontramos la variante de Alumbres, destinada a evitar que los trenes de mercancías atraviesen el núcleo urbano. En 2019 se hablaba de estudios contratados; después llegaron nuevas referencias a documentos terminados, proyectos redactados y procedimientos administrativos. En 2025 todavía se discutía sobre su licitación.
Cada cierto tiempo aparece una nueva fase del proyecto. Lo complicado es saber cuándo llegará la fase que realmente esperan los vecinos: la de ver desaparecer los trenes de mercancías del centro de su población.
Algo parecido ocurre con la conexión ferroviaria hacia el Mar Menor. Un convenio de 2009 dio lugar a previsiones que contemplaban la transformación de la línea Cartagena-Los Nietos, un tranvía urbano y la prolongación del ferrocarril hasta San Pedro del Pinatar, con horizontes temporales que llegaban hasta 2016.
Diez años después de aquella última fecha, las ampliaciones continúan sin materializarse.
A este paso, los cartageneros tendrán que explicar a sus nietos que hubo una época en la que sus abuelos esperaban un tren que tampoco llegó.
Y qué decir de la Ciudad de la Justicia. Pocas infraestructuras representan tan bien la capacidad de un proyecto para sobrevivir a los cambios políticos sin necesidad de convertirse en edificio.
En 2007 ya se anunciaba el inminente inicio de las obras. Después vinieron distintas ubicaciones, propuestas y alternativas. Mandarache, el Hospital Naval, la antigua Factoría y, finalmente, los terrenos próximos al Hospital de Santa Lucía.
En 2019 se volvió a reclamar su construcción durante aquella legislatura. En 2025 seguían pendientes trámites para desarrollar el complejo. Y en abril de 2026 la discusión política continuaba girando alrededor de dónde construirlo y quién era responsable de los retrasos.
Casi veinte años después de aquel anuncio de 2007, Cartagena continúa esperando.
Quizá el verdadero monumento a la paciencia cartagenera debería levantarse precisamente en la parcela destinada a la Ciudad de la Justicia. Aunque, pensándolo mejor, probablemente también tardaríamos veinte años en inaugurar el monumento.
El Hondón constituye otro capítulo de esta particular historia. Durante años se han planteado transformaciones urbanísticas, zonas verdes y proyectos para recuperar unos terrenos marcados por su pasado industrial y sus problemas de contaminación.
En 2008 se aprobó un planeamiento que contemplaba un importante desarrollo urbano. En 2017 se presentaban estudios sobre la recuperación de los suelos. En 2018 se anunciaban avances para desbloquear la actuación. En el programa electoral de 2019 volvía a aparecer la creación de un gran parque urbano.
Pero los problemas ambientales no desaparecen con una presentación institucional. Y la recuperación de un suelo contaminado exige algo más que planos atractivos, buenas intenciones y declaraciones de futuro.
La Zona de Actividades Logísticas de Los Camachos, las conexiones del puerto con el Corredor Mediterráneo y otras infraestructuras estratégicas completan un catálogo de actuaciones que reaparece periódicamente en los compromisos políticos.
Algunas avanzan administrativamente. Otras cambian de nombre, de planteamiento o de calendario. Y otras parecen condenadas a permanecer en ese territorio tan peculiar donde un proyecto siempre está a punto de convertirse en realidad.
Sería injusto afirmar que Cartagena no ha mejorado en las últimas décadas. La ciudad ha experimentado transformaciones importantes, ha recuperado patrimonio, ha desarrollado equipamientos y ha recibido inversiones que sí se han materializado.
Pero reconocer esos avances no obliga a olvidar lo pendiente.
Tampoco se trata de responsabilizar exclusivamente a un partido. Durante estas décadas han gobernado distintas formaciones y han intervenido administraciones municipales, autonómicas y estatales de diferentes colores políticos. Cada una tiene sus competencias, sus decisiones y su parte de responsabilidad.
Lo que resulta difícil de aceptar es que los ciudadanos tengan que escuchar una y otra vez anuncios que se presentan como nuevos cuando arrastran décadas de antecedentes.
Porque una cosa es que una infraestructura necesite tiempo y otra muy distinta es que cada legislatura parezca comenzar desde cero.
Se anuncian estudios. Después se anuncian acuerdos para realizar nuevos estudios. Más tarde se presenta un proyecto. Luego se modifica el proyecto. Después aparece una nueva ubicación, una nueva financiación o un nuevo compromiso de ejecución.
Y cuando parece que por fin va a empezar la obra, llegan otras elecciones.
Entonces se vuelve a anunciar.
La política ha conseguido convertir determinadas necesidades de Cartagena en un recurso electoral prácticamente inagotable. Mientras una infraestructura permanezca pendiente, siempre podrá volver a prometerse.
Y ahí reside la gran paradoja: lo que debería representar un fracaso de gestión termina convirtiéndose, una y otra vez, en una oportunidad para hacerse una fotografía.
Quizá ha llegado el momento de cambiar las reglas de este juego.
Antes de anunciar una nueva inversión, los responsables políticos deberían explicar qué ocurrió con la anterior. Antes de prometer una infraestructura, deberían recordar cuándo se anunció por primera vez. Y antes de hablar de una fecha de inauguración, tendrían que aclarar por qué no se cumplieron las anteriores.
Los cartageneros no necesitan que cada cuatro años les descubran las mismas necesidades. Las conocen perfectamente porque conviven con ellas todos los días.
Saben dónde falta una conexión ferroviaria, dónde se necesita un edificio judicial, qué terrenos siguen esperando su recuperación y qué infraestructuras continúan pendientes.
Lo saben porque llevan años escuchando que todo eso está a punto de solucionarse.
Y mientras los partidos preparan sus programas para las elecciones municipales de 2027, sería conveniente que alguien recuperase los de 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023.
Puede que descubriéramos que algunas de las grandes novedades del próximo futuro ya estaban escritas en el pasado.
Cartagena no necesita otra colección de promesas históricas. Necesita que alguien termine, de una vez, parte de las que ya se hicieron.
Porque después de más de treinta años escuchando hablar de la Cartagena del futuro, empieza a ser razonable exigir que ese futuro llegue algún día.
Y, a ser posible, antes de las siguientes elecciones.
