El Ayuntamiento de Cartagena ha escenificado este viernes un frente común con el sector pesquero y las instituciones regionales para reclamar a la Unión Europea un cambio urgente en la Política Pesquera Común. La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha reiterado el respaldo “unánime y sin fisuras” del Gobierno municipal a las cofradías de pescadores y ha exigido que las futuras decisiones comunitarias garanticen al menos 180 días de trabajo al año para asegurar la supervivencia de una actividad esencial para barrios como Santa Lucía, La Azohía y Cabo de Palos.
La reunión, celebrada en la Cofradía de Pescadores de Cartagena, ha contado con la participación de la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo; el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía; y el presidente de la Cofradía de Pescadores de Cartagena y de la Federación Regional, Bartolomé Navarro. Durante el encuentro se ha analizado la reforma de la Política Pesquera Común y se ha reclamado una simplificación de las normas que afectan al Mediterráneo.
Arroyo ha defendido que el sector pesquero cartagenero ya ha realizado un importante esfuerzo para adaptarse a las exigencias medioambientales y ha considerado que no se le pueden imponer nuevas restricciones sin ofrecer soluciones. La alcaldesa ha recordado que los pescadores han invertido en modernizar la flota y han cumplido con las medidas de sostenibilidad, por lo que considera injustificable que continúen perdiendo días de faena. Según ha señalado, los recortes acumulados alcanzan cerca del 67 % respecto a 2019 y 2020, una situación que pone en riesgo la continuidad de muchas familias que viven del mar.
En la misma línea, Carmen Crespo ha anunciado que el Parlamento Europeo impulsará la próxima semana una resolución para simplificar la normativa pesquera del Mediterráneo y evitar que determinadas decisiones se condicionen por especies con escasa relevancia en estas aguas, como la merluza. También ha adelantado la defensa de un presupuesto de 7.219 millones de euros para el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) en el periodo posterior a 2028, con el objetivo de compensar el impacto económico que soporta el sector. Además, ha reclamado al Gobierno de España un mayor protagonismo en las negociaciones que se desarrollan en el Consejo de la Unión Europea.
Por su parte, Joaquín Buendía ha asegurado que el momento es decisivo porque los datos científicos reflejan la recuperación de los caladeros gracias al esfuerzo realizado durante los últimos años por los pescadores. A su juicio, ahora corresponde recuperar la actividad del sector y eliminar limitaciones como la doble restricción que afecta a la pesca de la gamba. El consejero también ha avanzado que el próximo 4 de septiembre defenderá una posición conjunta de todas las comunidades autónomas mediterráneas ante el comisario europeo de Pesca.
El presidente de la Cofradía de Pescadores de Cartagena, Bartolomé Navarro, ha insistido en que las restricciones han reducido ya un 44 % los días de trabajo desde 2020, una situación que está dificultando el relevo generacional. Ha advertido de que cada vez resulta más complicado encontrar jóvenes dispuestos a embarcarse cuando los barcos permanecen meses amarrados en puerto y ha reivindicado el carácter sostenible de la flota regional, formada por apenas 22 embarcaciones de arrastre frente a las más de 90 existentes en otros territorios. Navarro ha defendido que la pesca de la Región de Murcia es multiespecífica y no puede evaluarse con los mismos criterios aplicados a otras zonas del Mediterráneo.
El encuentro ha servido para trasladar una posición conjunta de administraciones y pescadores con un objetivo común: que Bruselas adapte la normativa a la realidad del Mediterráneo, reduzca la burocracia y garantice un número suficiente de jornadas de pesca que permita mantener vivo un sector estratégico para la economía, el empleo y la identidad marinera de Cartagena.
