Hay escenas pequeñas que, sin pretenderlo, terminan dejando preguntas bastante grandes. Y una de ellas se produjo hace apenas unos días en pleno centro de Cartagena, en esa denostada plaza del Lago que lleva demasiado tiempo esperando recuperar el pulso que algún día tuvo.
Allí, varios niños jugaban a la pelota y aprovechaban el espacio de la plaza y una de las paredes del cerrado Cine Central para hacer ejercicio. Hasta el lugar acudieron dos motocicletas de la Policía Local y un vehículo de apoyo, cuyos agentes llamaron la atención a los menores.
Si una ordenanza municipal impide jugar a la pelota en ese espacio o utilizar de esa manera determinados elementos del entorno urbano, poco hay que discutir. Las normas están para cumplirse, nos gusten más o menos, y corresponde a los agentes hacerlas respetar.
Lo que resulta inevitable es hacerse otra pregunta.
A apenas unos metros de allí, en la calle de las Beatas, es habitual observar por las tardes un improvisado mercadillo en plena vía pública. Diversas personas colocan y ofrecen objetos de todo tipo, algunos aparentemente recuperados de enseres desechados, ocupando parte del espacio público.
Y entonces surge una duda bastante sencilla: ¿está permitida esa actividad?
Porque si para vender en la vía pública es necesaria una autorización municipal —y si quienes allí ofrecen sus productos carecen de ella— estaríamos ante otra situación sobre la que cabría esperar igualmente una actuación de las autoridades competentes.
No se trata de enfrentar a unos con otros. Tampoco de justificar que unos niños incumplan una norma porque en otra calle pueda estar incumpliéndose otra. Una infracción no convierte en válida a la siguiente.
Se trata de algo mucho más sencillo: de entender cuál es el criterio.
Resulta llamativo contemplar un despliegue de varios vehículos policiales para advertir a unos menores que juegan a la pelota y, prácticamente a la vuelta de la esquina, encontrarse con una actividad comercial improvisada en plena calle.
Quizá exista una autorización. Quizá haya actuaciones policiales que no hemos presenciado. Quizá la normativa contemple circunstancias diferentes para cada caso. Sería interesante conocer la explicación.
Porque las ordenanzas municipales deben servir precisamente para eso: para establecer unas reglas conocidas y aplicarlas con criterios claros.
Los niños tendrán que guardar la pelota si allí no pueden jugar. Eso parece indiscutible.
Pero la pregunta permanece a escasos metros de la plaza del Lago, en la calle de las Beatas: si ese mercadillo carece de autorización, ¿por qué continúa instalándose?
Que cada cual saque sus propias conclusiones.
