La costa de Cartagena vuelve a situarse en el centro del debate sobre el control de la inmigración irregular. El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Cartagena han reclamado al Ejecutivo central recursos extraordinarios para reforzar la vigilancia de la frontera marítima, ante la llegada durante los últimos días de embarcaciones utilizadas para trasladar migrantes hasta el litoral cartagenero.
La petición ha sido formulada este jueves, 27 de agosto, por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el presidente autonómico, Fernando López Miras, después de mantener una reunión con representantes de asociaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el Palacio Consistorial.
El encuentro se ha celebrado después de que el Consejo de Gobierno autonómico se reuniera de manera extraordinaria en Cartagena, bajo la presidencia de López Miras. La reunión con los representantes policiales ha permitido abordar directamente la situación que atraviesan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante los últimos episodios registrados en la costa.
Según las reivindicaciones trasladadas por los representantes de los agentes, la llegada de embarcaciones con migrantes obliga a destinar efectivos policiales a su atención y custodia, reduciendo los recursos disponibles para otras funciones administrativas y de seguridad ciudadana. Entre las principales carencias señaladas figuran la falta de personal, de medios materiales y la necesidad de mejorar determinadas infraestructuras, entre ellas el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE).
La preocupación se ha incrementado especialmente por el tipo de embarcaciones utilizadas. Las autoridades regionales y municipales advierten de que ya no se trata únicamente de pateras convencionales, sino de narcolanchas capaces de navegar a gran velocidad, lo que dificulta su interceptación con los medios actualmente disponibles para la Guardia Civil.
Noelia Arroyo ha asegurado que los agentes encuentran dificultades para garantizar la vigilancia de la frontera y la seguridad tanto por tierra como por mar. La alcaldesa ha acusado al Gobierno central de mantener “la costa de Cartagena desasistida” al considerar insuficientes los recursos destinados a Policía Nacional y Guardia Civil.
Arroyo ha endurecido su mensaje ante el incremento de llegadas registrado durante las últimas jornadas y ha advertido de que el Ayuntamiento reclamará una respuesta estatal: “No vamos a permitir que Cartagena sea un destino coladero para las organizaciones criminales”.
Por su parte, Fernando López Miras ha destacado el carácter estratégico de Cartagena para el conjunto del país, tanto por su importancia económica como por su peso militar y naval. El presidente autonómico considera que los acontecimientos de las últimas semanas han generado una situación que provoca preocupación en un litoral especialmente sensible.
López Miras ha calificado de “intolerable” lo ocurrido durante este verano y ha acusado al Gobierno de España de permanecer “ausente e impasible” mientras, según sus palabras, “las mafias de contrabando se adueñan de la costa”.
Uno de los principales problemas planteados durante el encuentro es precisamente la diferencia entre los medios empleados por las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y los disponibles para perseguirlas. López Miras ha señalado que la Guardia Civil no dispone de embarcaciones con la velocidad suficiente para hacer frente a determinadas narcolanchas, que llegan hasta puntos de la costa, desembarcan a los migrantes y pueden abandonar rápidamente la zona.
La sucesión de desembarcos registrada en los últimos días ha elevado así la presión política sobre el Gobierno central. Ayuntamiento y Ejecutivo autonómico coinciden en reclamar más agentes, embarcaciones adecuadas, medios materiales y mejores instalaciones para afrontar una situación que consideran que ha dejado de ser puntual.
Cartagena reclama ahora un refuerzo extraordinario del Estado para controlar su extensa costa, impedir que las organizaciones criminales aprovechen la falta de medios y evitar que la atención a cada nueva llegada termine reduciendo los efectivos destinados a garantizar la seguridad ciudadana.
