El Ayuntamiento de Cartagena abrirá el próximo 21 de septiembre el nuevo Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida y de adjudicación de viviendas sociales en alquiler, un procedimiento que permitirá actualizar las necesidades habitacionales de las familias del municipio y establecer quiénes pueden optar a los recursos municipales destinados a facilitar el acceso a una vivienda asequible.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la apertura de este nuevo proceso, que permanecerá disponible durante 60 días hábiles desde la publicación de la oferta en la web municipal. El registro se renueva cada dos años y, una vez vencida la vigencia de las inscripciones anteriores, todas aquellas personas interesadas deberán participar en esta nueva convocatoria.
El dato refleja la dimensión de la demanda existente. En el registro que ahora termina su vigencia figuran 374 personas inscritas, mientras que el parque municipal está compuesto actualmente por 52 viviendas, todas ellas alquiladas. Durante la presente legislatura, el Ayuntamiento ha incorporado cinco nuevos inmuebles a esta red.
La intención municipal es seguir ampliando las posibilidades para aquellas familias que encuentran mayores dificultades a la hora de acceder a una vivienda. Una de las vías utilizadas ha sido la adhesión al programa PARES de la Comunidad Autónoma, cofinanciado con fondos FEDER y dirigido a erradicar situaciones de chabolismo y proporcionar soluciones habitacionales estables acompañadas de apoyo técnico.
Gracias a este programa se han adquirido cuatro viviendas que han sido posteriormente remodeladas y amuebladas, de manera que las familias beneficiarias puedan entrar directamente a vivir en ellas con el equipamiento necesario.
La concejal de Política Social, Cristina Mora, ha explicado durante la Junta de Gobierno que esta política se completa con el servicio municipal de alquiler seguro, destinado a conseguir que propietarios de viviendas vacías las incorporen al mercado del alquiler social sin tener que asumir determinados riesgos.
Este servicio, gestionado a través de la Oficina Municipal de Vivienda, ofrece a los propietarios cobertura frente a posibles impagos y actos vandálicos, además de asistencia jurídica durante la vigencia del contrato. A cambio, las viviendas se ponen a disposición de familias que tienen dificultades para acceder al mercado convencional.
Para garantizar que el alquiler sea realmente asumible, la mensualidad no puede superar el 45% de los ingresos de la familia arrendataria, mientras que los contratos deben tener una duración superior a doce meses. La fórmula pretende encontrar un equilibrio entre la seguridad que reclama el propietario y la estabilidad que necesita la familia que accede a la vivienda.
Cristina Mora ha destacado que la apertura del nuevo plazo permitirá conocer la situación actual de quienes necesitan una alternativa habitacional. “Este nuevo plazo de actualización del registro es fundamental para actualizar la demanda de familias que necesitan un hogar asequible”, ha señalado.
La edil ha insistido además en que la intervención municipal no termina con la entrega de unas llaves. “No se trata de un proceso exclusivo de facilitar una casa, sino que acompañamos a las personas para que puedan desarrollar su proyecto de vida”, ha explicado, añadiendo que cada vivienda supone “un hogar estable y un proyecto de acompañamiento para familias que parten de una situación de vulnerabilidad”.
Por este motivo, Servicios Sociales mantiene un seguimiento y una intervención comunitaria con las familias que ocupan estas viviendas. Los beneficiarios firman tanto un contrato de alquiler social como un acuerdo de intervención que incluye normas de convivencia y diferentes orientaciones técnicas destinadas a favorecer su estabilidad y autonomía.
La Junta de Gobierno también ha acordado reforzar la atención social municipal con 243.785,88 euros destinados al mantenimiento de seis puestos de profesionales de atención primaria. De esta cantidad, 182.839,41 euros proceden de una ayuda de la Comunidad Autónoma y otros 60.946,47 euros corresponden a aportación municipal.
En la misma sesión se han aprobado además las bases de la IV edición del certamen escolar “Cartagena, Ciudad Transparente, Colaboradora y Participativa”, dirigido a alumnos de colegios, institutos y otros centros educativos del municipio.
El concurso contará con cuatro categorías: Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato/Formación Profesional. En cada una habrá primer, segundo y tercer premio, además de un reconocimiento para el centro educativo y la posibilidad de conceder un accésit. Los galardones consistirán en bonos de 250, 200 y 150 euros, que podrán canjearse por material informático, electrónico o de papelería. El plazo para presentar solicitudes será de cuatro meses.
