Durante décadas, el cigarrillo ha formado parte del paisaje cotidiano de España. Un café, una conversación y una cajetilla sobre la mesa han compuesto una imagen tan habitual que casi parecía inseparable de nuestras terrazas. Sin embargo, esa escena podría tener los días contados. También en Cartagena, donde las terrazas y las playas son durante buena parte del año una extensión de la vida social.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de julio el proyecto de la nueva ley antitabaco, una reforma que pretende llevar los espacios sin humo mucho más allá de los interiores de bares y restaurantes. Conviene aclararlo desde el principio: la norma todavía no está en vigor. Ahora deberá superar su tramitación en las Cortes Generales, donde puede ser modificada, antes de publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Solo entonces comenzará a aplicarse, veinte días después de su publicación, aunque los establecimientos dispondrán de dos meses para adaptar la señalización. Así lo recoge el proyecto presentado por el Ministerio de Sanidad.
Si finalmente sale adelante con su redacción actual, no se podrá fumar en las terrazas de bares y restaurantes, playas marítimas y fluviales, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, parques nacionales, campus universitarios, marquesinas, andenes y recintos donde se celebren conciertos, espectáculos o actividades públicas, aunque tengan lugar al aire libre. La prohibición afectará también a los vehículos de trabajo, salvo cuando se utilicen exclusivamente de manera personal.
La ley crea, además, una especie de perímetro de seguridad alrededor de determinados lugares. No se podrá fumar a menos de quince metros de los accesos a colegios, universidades, hospitales, centros de salud, edificios públicos, museos, bibliotecas, instalaciones deportivas o parques infantiles. El cambio será especialmente visible en las puertas de los hospitales, donde todavía resulta frecuente encontrar personas fumando pese a las restricciones actuales.
Los vapeadores, tengan o no nicotina, el tabaco calentado, las shishas y otros productos que imiten el acto de fumar quedarán sometidos a prácticamente las mismas limitaciones que el cigarrillo tradicional. También se endurecerán las reglas sobre publicidad y promoción en internet, redes sociales, escaparates y puntos de venta. Los productos relacionados con el tabaco solo podrán comercializarse en establecimientos especializados que cumplan los requisitos que determine Sanidad.
Otra de las novedades es la prohibición expresa del consumo de tabaco y productos relacionados por parte de los menores de 18 años. Hasta ahora estaba prohibido vendérselos o suministrárselos, pero no existía una prohibición estatal específica sobre su consumo. Las infracciones cometidas por menores podrán acarrear multas de entre 100 y 600 euros, de las que responderían subsidiariamente sus padres o tutores. Fumar de forma aislada en un espacio prohibido podría ser sancionado con hasta 100 euros, mientras que permitir el consumo en un establecimiento o incumplir las normas publicitarias conllevaría cantidades mucho mayores, según el régimen de sanciones analizado por RTVE.
La preocupación por los jóvenes no es casual. La encuesta ESTUDES 2025 señala que el 15,5% de los adolescentes de entre 14 y 18 años había fumado durante el último mes y un 4,3% lo hacía diariamente. El consumo de cigarrillos convencionales ha descendido, pero casi la mitad de los jóvenes había probado alguna vez un cigarrillo electrónico y el 27,1% lo había utilizado durante el último mes. La vieja cajetilla ha perdido parte de su atractivo, pero la nicotina ha encontrado nuevos colores, sabores y formatos.
Las primeras reacciones ciudadanas muestran un país dividido, aunque con una mayoría favorable a ampliar los espacios libres de humo. En un sondeo callejero realizado por Europa Press tras conocerse el proyecto, muchas personas defendieron la medida por considerar que puede proteger a los no fumadores y evitar que los jóvenes normalicen el consumo. Otras calificaron de excesivo impedir fumar en lugares completamente abiertos y advirtieron de que acumular prohibiciones podría provocar el efecto contrario. Hubo mayor coincidencia en equiparar el vapeo al tabaco, pero más dudas sobre que los padres deban pagar las multas impuestas a sus hijos. Se trata de opiniones recogidas en la calle, no de una encuesta representativa, pero reflejan bien las dos sensibilidades presentes en el debate. Europa Press recogió ambas posturas.
Una encuesta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, realizada en 2025 entre unos 9.500 pacientes, ofreció resultados más concretos: el 74% apoyaba que no se pudiera fumar en las terrazas y alrededor del 62% respaldaba la prohibición en las playas. Sin embargo, la opinión cambiaba mucho dependiendo de la relación de cada persona con el tabaco. La medida era apoyada por el 87,8% de los no fumadores, pero solo por el 23,2% de quienes fumaban habitualmente. También encontraba menos respaldo entre adolescentes y adultos jóvenes. Los resultados publicados por la semFYC muestran que no existe una única opinión social sobre el asunto.
El sector hostelero se sitúa entre los más críticos. Hostelería de España considera que las terrazas son espacios abiertos donde actualmente existe una convivencia razonable y teme que el veto desplace a los fumadores hacia las puertas de los establecimientos o a viviendas particulares. También advierte de posibles conflictos con clientes y de que los camareros terminen ejerciendo funciones de vigilancia.
En la Región de Murcia, la federación HoyTú ha expresado los mismos reparos. Un estudio encargado por Hostelería de España a 40dB indica que el 69,3% de los consultados considera más eficaces las campañas de información y sensibilización que las prohibiciones directas. Ese resultado no significa necesariamente que todas esas personas rechacen las terrazas sin humo —la pregunta plantea una elección diferente—, pero sí revela que una parte de la población prefiere la educación antes que la sanción. La posición de la patronal murciana fue recogida por la Cadena SER.
Frente a estos argumentos, asociaciones de no fumadores y profesionales sanitarios recuerdan que una terraza también es el lugar de trabajo de miles de camareros y que el humo no deja de ser perjudicial por encontrarse al aire libre, especialmente cuando se acumula bajo toldos o cerramientos. También señalan a los niños, embarazadas, pacientes oncológicos y personas con enfermedades respiratorias que no pueden elegir el aire que respiran cuando ocupan una mesa próxima.
Sobre el daño sanitario apenas existe discusión científica. La Organización Mundial de la Salud sostiene que todas las formas de consumo de tabaco son perjudiciales y que no existe un nivel seguro de exposición. El tabaquismo está relacionado con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y más de veinte tipos o subtipos de cáncer. En España provoca alrededor de 50.000 muertes cada año, según los datos del Ministerio de Sanidad citados por la semFYC.
Y es precisamente aquí donde aparece la pregunta incómoda: si sabemos que el tabaco es adictivo, cancerígeno y responsable de decenas de miles de muertes, ¿no sería más coherente prohibir directamente su venta?
Quienes defienden esa posibilidad consideran contradictorio restringir cada vez más los lugares donde se puede fumar mientras el producto continúa vendiéndose legalmente. Una prohibición total, o al menos generacional, evitaría que nuevos consumidores entrasen en una adicción de la que después resulta muy difícil salir. Reino Unido ha escogido una vía gradual: desde 2027 será ilegal vender tabaco a cualquier persona nacida a partir del 1 de enero de 2009, aunque alcance la mayoría de edad. La medida no persigue a los fumadores actuales, sino que pretende cerrar progresivamente la puerta a las generaciones futuras, según explica el Gobierno británico.
Los detractores de una prohibición completa plantean otros problemas. Millones de adultos consumen una sustancia altamente adictiva y una retirada repentina podría convertir a esas personas en clientes del mercado ilegal. También abriría un debate sobre la libertad individual, el control de lo que un adulto hace en el ámbito privado y la capacidad real del Estado para impedir la circulación de un producto con tanta demanda. Una prohibición mal diseñada podría favorecer el contrabando, introducir productos todavía menos seguros y castigar al fumador sin ofrecerle ayuda suficiente para abandonar la dependencia.
Entre la venta libre y la prohibición absoluta existe un amplio terreno intermedio: reducir los puntos de venta, elevar los impuestos, implantar el empaquetado neutro, limitar la nicotina, reforzar la prevención y financiar tratamientos para dejar de fumar. Varios especialistas consultados por Science Media Centre España valoran positivamente la nueva ley, pero consideran que se queda corta al no incorporar por ahora una subida fiscal ni el empaquetado genérico.
La nueva ley antitabaco no cerrará este debate. Probablemente lo hará más visible. Para unos supondrá recuperar terrazas y playas donde respirar sin humo. Para otros será una limitación excesiva de una conducta legal. Y para muchos fumadores puede convertirse en un nuevo empujón para abandonar un hábito que saben perjudicial, pero del que no siempre resulta sencillo escapar.
Quizá la verdadera pregunta no sea únicamente si el tabaco debería prohibirse mañana, sino qué combinación de normas, prevención y ayuda permitiría terminar con él sin empujar a quienes ya sufren la adicción hacia la clandestinidad. España ha decidido estrechar el cerco. Ahora serán las Cortes las que determinen hasta dónde llega.
